Qué alegar contra la prisión preventiva: checklist de 10 puntos
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Dos hombres pasaron más de 17 años en prisión preventiva sin sentencia. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México y dijo que esa prisión preventiva significó, en los hechos, «una pena encubierta sin una condena» (Corte IDH, Caso García Rodríguez y otro vs. México, sentencia del 25 de enero de 2023, párr. 185).
Esta guía ordena en 10 puntos lo que la defensa puede alegar en la audiencia de medidas cautelares o en su revisión, cada uno con su fundamento en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y esa sentencia. Revisa siempre los criterios vigentes de la Suprema Corte antes de tu audiencia.
El límite de dos años (puntos 1 y 2)
1. ¿Ya pasaron 2 años sin sentencia? La Constitución y el CNPP usan el mismo texto: la prisión preventiva «no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares» (art. 20, ap. B, fr. IX, CPEUM; art. 165 CNPP).
2. ¿La demora se debe a la defensa? Es la única salvedad del texto. Si el Ministerio Público la invoca, pide que precise qué parte de la demora se debe al ejercicio del derecho de defensa y con qué constancias lo acredita.
La prisión preventiva oficiosa y la Corte Interamericana (puntos 3 y 4)
3. ¿Es oficiosa? El plazo también cuenta. El art. 19 de la Constitución y el art. 167 del CNPP ordenan la prisión preventiva oficiosa para una lista de delitos. Pero el límite de dos años del art. 20, ap. B, fr. IX, no distingue entre prisión preventiva justificada y oficiosa. En el caso García Rodríguez, la Corte Interamericana reprochó que las autoridades trataran la oficiosa como una excepción a ese límite (párr. 182).
Ojo: el párrafo segundo del art. 19, reformado en 2024 y 2025, pide atenerse a su literalidad y prohíbe interpretaciones que pretendan inaplicarlo. Por eso este argumento se construye sobre el art. 20, ap. B, fr. IX, y no sobre dejar de aplicar el art. 19.
4. Cita a la Corte IDH. En García Rodríguez y otro vs. México (2023), la Corte concluyó que las cláusulas del art. 19 sobre prisión preventiva oficiosa son, per se, contrarias a la Convención Americana (párr. 174) y ordenó a México adecuar su ordenamiento (resolutivo 14). Antes lo había resuelto en Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México (sentencia del 7 de noviembre de 2022).
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¿Hace falta? Necesidad y riesgos con datos (puntos 5, 6 y 7)
5. ¿Es necesaria? El Ministerio Público solo puede solicitarla «cuando otras medidas cautelares no sean suficientes» para garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación o la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado antes por un delito doloso (art. 19, párr. 2, CPEUM; art. 167 CNPP). La Corte IDH lo dice igual: solo cuando las medidas menos gravosas no basten (párr. 160).
6. Peligro de fuga con datos objetivos. El art. 168 CNPP enumera lo que el juez toma en cuenta: el arraigo en el lugar, el máximo de la pena posible, el comportamiento del imputado, si incumplió medidas anteriores y si desacató citaciones. Según la Corte IDH, el peligro procesal «no se presume»: se verifica en cada caso con «circunstancias objetivas y ciertas» (párr. 159). En el caso García Rodríguez reprochó que se analizara el riesgo de fuga con juicios sobre la honradez del procesado (párr. 180).
7. Obstaculización y riesgo para víctimas o testigos. Para el peligro de obstaculización, el juez toma en cuenta los elementos que aporte el Ministerio Público para estimar como probable que el imputado destruya pruebas, influya en testigos o intimide a servidores públicos (art. 169). Para el riesgo a víctimas, testigos o la comunidad, debe haber un «riesgo fundado» (art. 170). Exige datos concretos.
Alternativas, revisión y motivación (puntos 8, 9 y 10)
8. Ofrece medidas menos lesivas. El art. 155 CNPP tiene un catálogo: presentación periódica, garantía económica, prohibición de salir de una zona, localizador electrónico, resguardo domiciliario, entre otras. El juez debe aplicar la mínima intervención y justificar por qué la medida que impone «es la que resulta menos lesiva» (art. 156). Llega con una propuesta concreta y con quien la respalde.
9. ¿Cambiaron las condiciones? Si variaron de manera objetiva las condiciones que justificaron la medida, se puede pedir su revocación, sustitución o modificación en audiencia (art. 161 CNPP). La Corte IDH señaló que la prisión preventiva debe revisarse periódicamente y que, en el caso García Rodríguez, las revisiones fueron siempre a petición de parte, nunca de oficio (párrs. 183 y 184). La resolución sobre medidas cautelares es apelable (art. 467, fr. V, CNPP).
10. Exige motivación y que se compute el tiempo. Para la Corte IDH, una restricción a la libertad sin motivación suficiente es arbitraria (párr. 163). Y si hay condena, «en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención» (art. 20, ap. B, fr. IX, CPEUM).
Antes de la audiencia
- Cuenta los días desde la detención y ten a la mano las fechas de cada diligencia.
- Separa qué demoras se deben a la defensa y cuáles no.
- Lleva la propuesta de medidas alternativas por escrito.
- Revisa los criterios vigentes de la Suprema Corte sobre el plazo de dos años en la prisión preventiva oficiosa: la discusión sigue abierta.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto puede durar la prisión preventiva en México?
No puede exceder la pena máxima del delito ni, en ningún caso, dos años, salvo que la prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Cumplido ese plazo sin sentencia, el imputado debe ser puesto en libertad mientras sigue el proceso, sin perjuicio de otras medidas cautelares (art. 20, ap. B, fr. IX, CPEUM; art. 165 CNPP).
¿Qué diferencia hay entre la prisión preventiva justificada y la oficiosa?
La justificada la pide el Ministerio Público y solo procede cuando otras medidas no son suficientes (art. 167 CNPP). La oficiosa la ordena el juez por el tipo de delito, en los casos que enumeran el art. 19 de la Constitución y el art. 167 del CNPP.
¿Se puede apelar la prisión preventiva?
Sí. Son apelables las resoluciones del juez de control que se pronuncian sobre las medidas cautelares (art. 467, fr. V, CNPP). Además, si cambian objetivamente las condiciones, se puede pedir la revisión de la medida (art. 161 CNPP).
¿Qué resolvió la Corte IDH en el caso García Rodríguez y otro vs. México?
En su sentencia del 25 de enero de 2023, declaró responsable a México, entre otras cosas, por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, dijo que más de 17 años de prisión preventiva fueron una pena encubierta sin condena y ordenó adecuar el ordenamiento interno sobre la prisión preventiva oficiosa.
Contenido educativo, no es asesoría legal. Revisa siempre el texto vigente del Código Nacional de Procedimientos Penales.